El Gobierno pretende aprobar un decreto para prohibir los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Los fondos están de acuerdo en proteger la situación de estas personas, pero creen que “generará un efecto llamada de la okupación porque paralizará el desahucio de aquellas personas sin contrato de alquiler o título de propiedad que estén okupando un inmueble de un gran tenedor”, según confirman fuentes del sector a El Economista.

El decreto que prepara el Ejecutivo impedirá a los propietarios desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad hasta que la Comunidad Autónoma en cuestión les facilite una vivienda digna. Cabe destacar que serán los servicios sociales los que dictaminen la vulnerabilidad de las personas a través de un informe vinculante.

En este sentido, los fondos ven otro problema añadido porque consideran que las administraciones regionales no podrán ejecutar el realojo de estas familias, porque “no hay suficientes viviendas públicas para ello. “Esto deja desamparado a los propietarios frente a fenómenos como la okupación”, afirma uno de los fondos consultados por el medio económico.

Aunque la gran preocupación de estos vehículos de inversión es el efecto llamada a la okupación que podría generar este decreto. Un temor fundado en la redacción del texto definitivo. “El pacto podría incluir a familias sin contrato legal, es decir, a personas que ya están okupando una vivienda de un gran tenedor”, explican.

En este último caso, los gobiernos regionales tendrían un plazo máximo de tres meses para reubicar a estas personas, aunque lo realmente grave para los fondos es que la Administración estaría protegiendo de algún modo la okupación ilegal. Esto puede tener un «efecto devastador en el mercado en un momento en el que se producen entre 40 y 50 ocupaciones al día», afirman fuentes del sector. Una situación que ya ha afectado a Cataluña, tras la aprobación de la medida que exigía a grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los okupas.

Pero los fondos no sólo atisban un problema inmediato, sino también a medio y largo plazo. De hecho, predicen una mayor inseguridad jurídica que podría ahuyentar al capital que pretenda invertir en el ‘ladrillo’. «Esta medida se una a otras medidas intervencionistas en Cataluña y en el resto de España que están generando un grave perjuicio al sector y frenando su necesaria profesionalización y desarrollo», aseveran en este sentido.