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El bono-vivienda es una de las medidas estrella del Gobierno para hacer frente a los problemas del alquiler en España. Miles de jóvenes están a la espera de conocer los requisitos que tendrán que cumplir para poder optar a él, pero lo que muchos de ellos no saben es que la ayuda traerá consigo un coste fiscal que no esperaban.
Ocurrió con el cheque-alquiler de José Luis Rodríguez Zapatero (en el que se inspira ahora la medida) y el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) advierte de que la situación podría volver a repetirse en esta ocasión. Además, le ponen cifra: hasta un 37,9% de los potenciales beneficiarios del cheque podrían tener que asumir un coste fiscal por recibirlo. Y teniendo en cuenta que las estimaciones del Ejecutivo señalan que la cifra total de beneficiarios rondará las 70.000 personas, el resultado es que esa amenaza fiscal acecha a 26.500 jóvenes
En principio, el bono está planteado como una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para personas entre 18 y 35 años con contrato de trabajo y una renta anual máxima de 23.725 euros. Desde Gestha explican que la Ley del IRPF exige la presentación de la Declaración cuando una persona obtiene rendimientos sin retención de letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de VPO o de precio tasado y ayudas públicas (ganancias patrimoniales, salvo que se declare la exención) con el mínimo conjunto de 1.000 euros anuales.
"Esta obligación de declarar surge con este bono-vivienda, aunque no existan rendimientos del trabajo o no superen los 22.000 euros anuales [o los 14.000 cuando proceden de más de un pagador]. Por tanto, con cuatro pagos del bono en cuestión [que sumarían los 1.000 euros] se exigirá presentar la declaración del IRPF al joven perceptor. Eso sí, esto no significa que tengan que pagar a Hacienda en todos los casos", detalla Carlos Cruzado, presidente de Gestha.
De esta forma, y según la estimación aproximada realizada por Gestha en base a tablas nacionales, el 62,1% de los potenciales beneficiarios del bono-vivienda no tendrán repercusión fiscal en el IRPF, dados sus bajos salarios. Por el contrario, sí podrá suponerle un coste fiscal y, por tanto, estarán obligados a presentar la declaración del IRPF, a ese casi 40% de los restantes potenciales beneficiarios al tener que añadir ese bono al resto de sus ingresos anuales.
En este último grupo, además, buena parte de los contribuyentes tendrán que asumir un aumento sustancial en el pago del IRPF. De acuerdo con Gestha, aquéllos que tengan un sueldo íntegro de 15.579 euros anuales y perciban el bono pasarán de no tener que pagar nada a devolver un total de 848,7 euros, ya que su base liquidable asciende desde 7.017 euros hasta 10.017 euros.
El aumento de la cuota sería de 781,1 euros para quienes ingresen un sueldo íntegro de 21.600 euros anuales, y de 899 euros para quienes cuenten con un sueldo de 23.700 euros al año.
AYUDA NETA Y EXENTA
Para evitar esta situación y en vista de la polémica que se despertó años atrás, desde Gestha propondrán al Ministerio de Hacienda que el bono se configure como una ayuda neta (aunque suponga una cantidad menor para los receptores) y exenta de tributación.
En Hacienda apuntan a EL MUNDO que primero deben ver "cómo se articula la medida", aunque tienen claro que "por definición, las ayudas tributan". Esto es, que no contemplan en ningún caso que la medida pueda quedar exenta de tributación. "Como ocurre con el Plan Renove o con cualquier otra medida, este tipo de ayudas siempre tributa", inciden fuentes del Ministerio dirigido por María Jesús Montero.
Sin embargo, esa amenaza de que hasta un 40% de los jóvenes con derecho al bono vivienda vayan a tener que abonar más por IRPF supondrá un nuevo foco de problemas para Hacienda, que en los últimos días ya ha visto como el Tribunal Constitucional tumbaba el impuesto de plusvalía. Problema, en este caso, por el malestar que esa obligación oculta a tributar conllevará la que es una de las medidas estrellas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
A ello se debe sumar la armonización fiscal que Montero quiere llevar a cabo entre las comunidades, que tendrá la oposición de las regiones presididas por el PP y, en especial, por la Comunidad de Madrid, lo que garantiza un duro enfrentamiento. Y, por supuestos, la ambiciosa reforma fiscal que la responsable de Hacienda pretende desarrollar a partir de las recomendaciones del comité de expertos, documento que llegará en febrero. Una vez conocido sus propuestas, el Gobierno quiere aplicar subidas de impuestos y nuevas medidas para elevar de manera muy notable la recaudación. ¿Cuánto? Montero siempre señala que hay una diferencia con respecto a Europa de "ente siete y ocho puntos de PIB", y eso supondría hasta 90.000 millones de euros.
