El Gobierno ya tiene un primer cálculo de cuál puede ser el impacto en las cuentas públicas de las medidas de ayuda a los inquilinos vulnerables anunciadas la semana pasada.
En total serían alrededor de 800 millones de euros, incluyendo los microcréditos para los hogares que se vean afectados por la crisis del coronavirus y las ayudas directas para los que, una vez pasado este periodo, sigan sin poder hacer frente al pago de la renta y/o los suministros básicos del hogar.
El real decreto ley aprobado por el Ejecutivo estima que las medidas podrían beneficiar a medio millón de familias, incluyendo los microcréditos para todos aquellos que no puedan hacer frente al pago del alquiler de sus casas por la pérdida de su empleo, acogidos a un ERTE o reducción de jornada, incluidos autónomos, que estarán avalados por el Estado y que podrán ser devueltos en seis años, prorrogables por otros cuatro. Una medida que podría alcanzar los 100 millones de euros públicos y que saldrán del presupuesto del Ministerio de de Transportes, Movilidad y Agilidad Urbana (antiguo Fomento).
A dicha cantidad se podrían sumar los 700 millones presupuestados para las ayudas directas de hasta 900 euros para pagar la renta y de 200 euros para las facturas de suministros a todos aquellos inquilinos que sigan sin poder hacer frente a estos desembolsos una vez que pase la crisis del coronavirus.
Al margen de estas ayudas económicas, el Gobierno aprobó la prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual que venzan en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma (por tanto, el propietario no podrá subir el alquiler durante el próximo medio año), y también la suspensión de los desahucios de seis meses (a contar desde el final del estado de alarma) para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad que se queden sin alternativa habitacional. Otra de las medidas aprobadas es la moratoria o condonación de los alquileres.
