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Andalucía da un paso al frente en la lucha contra la okupación de viviendas. El Gobierno regional ha pedido al Estado un cambio normativo para proteger a los propietarios afectados por este fenómeno que ha cogido impulso en plena crisis del coronavirus y, a la espera de que llegue una nueva regulación, ha decidido poner en marcha un sistema de asesoramiento y ayuda para las víctimas.
La iniciativa se canaliza a través de Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y las delegaciones territoriales, que son "las encargadas de atender y asesorar a las personas que tengan su vivienda ocupada", explica la Junta andaluza. Además se ha elaborado una guía informativa con las herramientas legales disponibles para proteger a los propietarios a fin de clarificar las posibles casuísticas y facilitar la respuesta jurídica idónea, sin olvidar que cada caso tienes sus particularidades.
"Esta guía quiere proporcionar información sobre los derechos que les asisten a los afectados y las posibilidades y organismos de reclamación, así como de los trámites jurídicos y judiciales necesarios, según las leyes vigentes y teniendo en cuenta que las competencias fundamentales residen en el Estado", añade el Gobierno regional.
Los últimos datos oficiales cifran en más de 1.800 los casos de okupación entre enero y septiembre del año pasado en toda Andalucía, siendo la segunda región más afectada, tras Cataluña. En este escenario, la Junta ha querido ampliar las atribuciones del actual sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios (SAID), actual mecanismo que ofrece información personalizada para los sectores de población que corren riesgo de perder su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda, para incluir también este problema que sigue al alza en el conjunto de España.
Cómo funciona
La Junta explica que cuando un ciudadano sea víctima de la ocupación ilegal de su vivienda, podrá acudir al sistema, que le ofrecerá atención personalizada, valorará los hechos, orientará a la víctima sobre las medidas que puede adoptar de carácter inmediato y las diferentes vías para lograr el desalojo de la misma; le brindará las posibilidades de asistencia jurídica en coordinación con los colegios de abogados de Andalucía y, por último, le facilitará el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para elevar las denuncias pertinentes.
En la web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio existe un apartado específico a esta iniciativa, donde se resumen sus objetivos, se proporciona información a los afectados y se puede solicitar cita previa. Los únicos requisitos para acceder a este sistema son ser mayor de edad y estar empadronado en un municipio de la comunidad autónoma.
Estas nuevas funciones se ejecutan "sin menoscabar las labores que se desarrollaban hasta ahora en materia de asesoramiento a las personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda por estar ante un desahucio inminente, por impago de hipoteca o del alquiler. Además, el Sistema andaluz de lucha contra la ocupación y de asesoramiento para la protección de la vivienda no comportará gasto adicional alguno, ya que los servicios prestados por el mismo serán desempeñados por el mismo personal adscrito al antiguo SAID", aclara.
Un grupo de trabajo
Para poder coordinar las labores, la autonomía ha creado un grupo de trabajo específico, cuyo objetivo es que todas las iniciativas puestas en marcha contribuyan al mejor cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda.
En este grupo participan las Consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Presidencia, Administración Pública e Interior, y Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, tanto a través de la Secretaría General de Vivienda como de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Así, se han creado interlocutores ante los órganos judiciales para comunicar los casos de ocupaciones ilegales, promover acciones formativas a los colectivos de jueces y fiscales y aplicar las insturcciones de la Fiscalía; se crea una asistencia jurídica y se coordinan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación es esencial en las primeras horas de las ocupaciones.
